En diálogo con Oscar El Negro González Oro, en el programa El Oro y el Moro, el letrado solicitó al Poder Judicial de la Argentina que avance con las causas en las que están involucrados guerrilleros y miembros de las agrupaciones que durante los años 70, inclusive en el gobierno democrático de Isabel Perón, atacaron y cometieron bárbaros crímenes.

Brunetta elogió la decisión de un juez de Santa Fe, que determinó avanzar con la investigación sobre secuestro y muerte del coronel Argentino Del Valle Larrabure, por considerar que su muerte había sido un delito de lesa humanidad.

La polémica sobre si las acciones terroristas de los grupos civiles pueden equipararse a las cometidas por el Estado fue uno de los temas relevantes de la semana política que pasó.

Hoy, en el contacto radial, Brunetta volvió sobre la cuestión, recordando la carta de lectores que escribió a un diario, donde comentó lo que tuvo que vivir durante los años de plomo, como directivo de una de las empresas automotrices líderes que operaban en la Argentina.

'El nuestro es el único país donde los que ganaron una guerra son juzgados por los que la perdieron', manifestó el letrado en referencia a los juicios que enfrentan los militares por violaciones a los derechos humanos ante los tribunales de todo el país.

El letrado aclaró: 'Deberían ser juzgados por crímenes de lesa humanidad' también los terroristas que atacaron a la sociedad civil y que no eran blancos militares. Entre los principales que debieran ser juzgados, Brunetta mencionó a los 'ideólogos de los atentados que dejaron sin vida a mucha gente'.

'Delito de lesa humanidad no es sólo el terrorismo de un gobierno, sino de cualquier lado. Lesa humanidad es de un lado y de otro', consignó el abogado en recuerdo de los principales contenidos de la carta de lectores, cuyos principales párrafos reproducimos a continuación:

'El 9/1/75, en época de un gobierno democrático, ingresé a Chrysler Fevre Argentina como gerente de Finanzas. Ese día, el director Eduardo Beach me dio la bienvenida y me dijo que estaban todos amenazados por Montoneros y el ERP, porque la empresa no aceptaba pagarles una mensualidad, y que si yo desistía de ingresar no lo tomaría como una cobardía. Ante mi respuesta de que deseaba entrar, me preguntó mi fecha de nacimiento, la escribió en una tarjeta y al dorso, su nombre y el del abogado de la empresa y sus teléfonos. Dijo que si me secuestraban, la empresa se haría cargo. Gran debut.
En marzo del 76, al llegar a la empresa, veo un tumulto. Habían asesinado a Eduardo Kenny, gerente de Distribución. En julio, asesinaron a Carlos Balsa, supervisor de Flota, y en noviembre, a Jorge Souto, gerente de Control de Laboratorio. A partir de allí, me obligaron a salir de casa con custodia.
Mi madre les contaba a sus clientas del negocio de composturas de zapatos qué había sido de mi padre zapatero (de allí mi origen oligarca), que de noche no podía dormir pensando que en cualquier momento le iban a informar que a su hijo lo había asesinado el terrorismo.
Sus clientas me sugerían cambiar de trabajo. Pregunto: ¿cuándo van a ir a los tribunales acusados de crímenes de lesa humanidad quienes enviaban a los jovencitos «idealistas» a asesinar a civiles y a la vez a ser eliminados por las fuerzas del orden? Los nombres los conocemos: Bonasso, Kunkel, Taiana, Verbitszky, Eduardo Luis Duhalde, abogado de los terroristas... y sigue la lista.
Mi pecado para estar en la lista de candidatos a ser asesinados fue que, cuando falleció mi padre, yo, de 16 años, en lugar de ponerme a llorar, agarrar un arma y salir a robar, busqué un trabajo, terminé mi secundaria en la Escuela Carlos Pellegrini, mis estudios, en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa y en la Facultad de Ciencias Económicas, donde me recibí de contador público, licenciado en Administración y en Economía, mientras ayudaba a mi madre en su negocio.
Si hubiera salido a la calle con un fierro, quizás ahora podría ser ministro, secretario de Estado o jefe de fiscales.'